La ley de Seguridad Interior o el 'autogolpe' militar del gobierno civil

El pasado 8 de diciembre, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, dio una confusa conferencia de prensa en la que, en un primer momento, manifestó el interés del ejército por regresar a los cuarteles a hacer sus funciones constitucionales; y después de victimizar a los milicos  terminó proclamando la legalización del desempeño actual del ejército. De esta manera, Cienfuegos, logró confundir a muchos aparentando criticar la "guerra contra el narco" cuando en realidad le echó una indirecta el presidente Peña Nieto en la cual lo apresura en la concreción de una ley que regule los levantamientos, asesinatos y torturas con los que el ejército mexicano se ha conducido.

"O seguridad pública o derechos humanos, pero no las dos cosas"

contralinea.com.mx

Lo castrosamente chistoso es que, por dar un ejemplo, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2014 sólo 238 de los 4,525 los militares sometidos a proceso judicial por motivos relacionados con la violación de derechos humanos recibieron una sentencia condenatoria. Según El Economista, el 78% de los 238 sentenciados fueron condenados a NO MÁS DE 2 MESES DE PRISIÓN. En pocas palabras, el ejército se pasó por los huevos los derechos humanos en el 96% de los casos en los que las víctimas lograron que la SEDENA procediera judicialmente contra quienes la obedecen.

Sin disponer de información más actualizada, me permito afirmar que las cifras de 2016 son muy similares si no es que peores. Por esta razón, me parece una patada en el rifle que el pinche Cienfuegos salga a decir que sus soldados "ya mejor piensan si le entran a enfrentar grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados de violar derechos humanos o que sean procesados por desobedecer". ¿A qué chingados le van a temer, señor Cienfuegos? ¿Al 22% de probabilidad de que sean condenen? ¿Al 4% de probabilidad de se les arreste por más de dos meses?

Si para el éxito de la guerra contra el crimen organizado requiere necesariamente de dejar de garantizar los derechos de la población ¿No será mejor entonces plantear otra estrategia? ¿No será el momento de reconsiderar a la política social y al paradigma de la prevención social como ejes centrales de la política de seguridad pública?

Coincido con la lectura de Aristegui al afirmar, que la Ley de Seguridad Interior (LSI) propuesta por los altos mandos de las Fuerzas Armadas es un intento por legalizar todos los actos de injusticia y lesa humanidad que actualmente ya cometen los militares. El ejército, la marina y las fuerzas aéreas pretenden que sus abusos dejen de ser protegidos por los gobernantes y sea ahora la ley misma quien respalde los levantones, torturas y asesinatos cotidianos. Normalizar las tareas de seguridad solicitadas a las Fuerzas Armadas desde Calderón significa admitir que no existen mecanismos pacíficos o civiles para erradicar el crimen organizado en México.

No obstante, la actual crisis de seguridad en México no es resultado solamente del crecimiento de grupos criminales sino también de la rentabilidad del crimen mismo y la insolvencia de la vida normal (que está dentro de la norma). Mientras ser delincuente sea más rentable (o viable para muchos habitantes de zonas rurales) que tener un empleo u ocupación formal, podemos esperar que las filas de los cárteles y pandillas continuará engrosándose; como ya bien lo decía el famosísimo Juan Pérez: "es mejor un día como rico que una vida de pobre".

Para cumplir los "deseos" de Salvador Cienfuegos de regresar a los soldados a los cuarteles y "naturalizar" las funciones de las Fuerzas Armadas, basta que las instituciones civiles de seguridad pública en los tres niveles dejen de ser usados para vigilar activistas, apagar protestas, proteger negocios criminales o extorsionar a infractores menores y los pongan a perseguir delincuentes a vincularse y fortalecerse con la ciudadanía, en lugar de aterrorizarla.

Una estrategia de seguridad más humana, menos estúpida y más acorde a un verdadero plan de austeridad que la actual, empezaría por recortar el gasto en armamento y personal tanto militar como policial para aumentar la inversión en programas sociales de prevención de la delincuencia. Buscaría mejorar las condiciones laborales de los trabajadores incentivando una vida dentro de la legalidad. Invertiría en educación de calidad (no las chingaderas de la reforma educativa) para quienes están en riesgo de caer en el comportamiento delictivo... ¿Te has preguntado cómo fue la educación de criminales como El Chapo, el Mochaorejas o Peña Nieto?

Fuentes.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/03/mas-de-12-mil-quejas-contra-militares-en-10-anos-cndh

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/23/ejercito-seguira-entregado-al-servicio-de-la-sociedad-cienfuegos

http://www.milenio.com/policia/salvador_cienfuegos-ejercito-militares_estudian-perseguir_delincuentes-milenio_0_862113904.html

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/03/politica/003n1pol

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx

http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp/Consultasp?next=11

http://transparencia.sedena.gob.mx/comite-de-informacion.html

https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action